María José denuncia la situación que vive su familia. (E. Villarino)
María José y sus dos hijos, de 24 y 25 años, viven ilegalmente en un piso del barrio madrileño de Vallecas. El 20 de julio de 2011 fueron desahuciados de la casa en la que habían vivido durante dieciocho años. Su desalojo se convirtió en el primero que no se pudo paralizar en España. Después de quedarse en la calle, con un hijo con una discapacidad física del 77%, pasaron seis meses viviendo en un local de veinte metros cuadrados y sin agua corriente. La suya, dicen, es una ocupación “por necesidad”.
Lo que no imaginaban cuando llegaron a ‘su’ nueva casa es que cinco meses después iban a volver a recibir amenazas de desalojo. Ahora no hay policía ni juez de por medio. Un grupo del barrio que impide desahucios son los que presionan a esta familia después de ofrecerles el piso. “Nos dieron esta posibilidad y estamos muy agradecidos, pero no por estar aquí nos pueden obligar a vivir a su manera”.
“Si tuviéramos trabajo no estaríamos así. Sabemos que esto es ilegal, pero antes de venir aquí estuvimos pagando 200 euros por un local lleno de humedades, con un baño precario y tres colchones en el suelo, ¿es eso forma de vivir?”, se pregunta.
“Queremos que haya un vida en comunidad”
El edificio en el que están es propiedad de una constructora en suspensión de pagos. Cerrado durante meses, este grupo abrió el inmueble “para gente que su situación económica no le permite pagar un alquiler ni, por supuesto, comprar una casa”.
“Nosotros intentamos que se viva alrededor de la comunidad, por eso organizamos asambleas, tenemos turnos de limpieza para las zonas comunes y hacemos comidas todos juntos”, explica Diego, uno de los miembros del grupo de vivienda de Vallecas.
El problema para el grupo de personas que gestiona el edificio está en que “María José y sus hijos no se integran”. La familia cree que es una cuestión de “falta de tolerancia hacia ellos”.
“Cuando llegamos empecé a ir a las asambleas, propuse dar de alta los suministros y se rechazó la idea. No tenemos para un alquiler, pero ¿por qué no pagar luz y agua?”, se cuestiona María José (hija), licenciada en Historia. “La primera vez que nos increparon fue por limpiar el patio sin que hubiese sido aprobado por todos… por romper una cerradura se creen los dueños de esto. No entienden que no es ni nuestro ni suyo, podemos ir todos a la calle mañana mismo”.
Lo que empezó como una pequeña disputa interna ha terminado con amenazas. "Nos dijeron que si traíamos a alguien a casa, amigos o prensa, ellos traerían a los 20 tíos que rompieron la cerradura y que se iba a liar. No tenemos miedo ni queremos dar pena, sólo queremos seguir con nuestra vida, olvidarnos de bancos, asambleas y políticos”.
Convertirse en avalista fue su condena
María José, de 55 años, hipotecó su piso de toda la vida hace 18 años (en el barrio obrero de Pueblo Nuevo) para pagar las deudas de su ex pareja. En 2002, terminada ya esa relación e incapaz de asumir a sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas, que intermedió con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para concederle una nueva hipoteca.
A pesar de que ha perdido la vivienda, la entidad bancaria le sigue reclamando 200.000 euros (gastos, intereses, más la deuda pendiente), una cantidad “inasumible para nosotros que tenemos unos ingresos de 520 euros por mi hijo discapacitado y 168 euros por la Ley de Dependencia”.
“Presentamos una solicitud al Instituto de la Vivienda de Madrid, que nos aconsejó irnos a un albergue porque la lista de espera es muy larga”, cuenta Mª José.
Primer desahucio que no se pudo paralizar en Madrid
Tras un primer intento catorce días antes, el pasado 20 de julio más de cincuenta antidisturbios posibilitaron el desalojo de Mª José y sus hijos. Los muchos activistas del movimiento 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que acudieron a la calle Virgen de Lluc no pudieron hacer nada para evitarlo, fue la primera vez que no se pudo paralizar un desalojo en Madrid.
María José y sus hijos, a punto de volver a ser de nuevo desalojados, sólo piden una cosa: “Nos gustaría ver el mismo despliegue policial que hubo para echarme de mi casa en el Congreso, que ahí están los ladrones y los amigos de los banqueros”.
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