José María Triper
Más de 200 empleados de los sindicatos han sido ya despedidos y se les aplica la reforma laboral.
Comisiones Obreras y UGT, las dos sindicatos mayoritarios en España, los mismos que lideran la convocatoria de huelga general del próximo 14 de noviembre contra los recortes del Gobierno y la reforma laboral, resulta que están siendo los alumnos más aventajados a la hora de aplicar esa reforma que CCOO ha recurrido ante el Constitucional.
Afectados por el recorte de las subvenciones que perciben de los Presupuestos del Estado y por el endurecimiento de la normativa sobre los cursos de formación, ambos sindicatos han presentado ya expedientes de regulación de empleo (ERE) en seis comunidades autónomas, con el resultado de más de 200 trabajadores despedidos, a muchos de los cuales se les ha aplicado la reforma laboral con indemnización de 20 días por año trabajado, la misma que tanto CCOO como UGT denuncian porque, en su opinión, "facilita el despido libre".
Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por estos ERE sindicales, que se están extendiendo por la mayoría de las federaciones territoriales del país, aunque algunos se han paralizado para no perjudicar el seguimiento de la huelga general del día 14.
Este es el caso, por ejemplo, de Andalucía, donde tanto CCOO como UGT tienen preparado un importante recorte de plantillas en todas sus organizaciones provinciales y en el caso del sindicato que dirige Fernández Toxo, la ejecutiva regional es proclive a aplicar las condiciones de la reforma laboral, entre otras causas porque el fuerte recorte de las subvenciones de la Junta les ha dejado sin dinero para pagar las regulaciones de empleo.
Ayer, el comité intercentros de CCOO-A anunciaba que el sindicato presentará formalmente ante las autoridades laborales un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo la última semana de noviembre y que tendrá sus efectos en 2013.
En un comunicado, el comité intercentros del sindicato plantea dos posibles caminos a seguir en el ERE, a discutir con la representación legal de los trabajadores, un primer camino predominantemente de extinciones de contrato y un segundo camino que incorpore modificación del convenio colectivo y que "suavizaría" el numero de despidos.
Entre estas modificaciones se plantea una reducción salarial general del 15 por ciento y un 7 por ciento la jornada. También se procedería a congelar la antigüedad y se modificarían los complementos por incapacidad temporal, que dejarían de cubrir la totalidad del salario.
En la misma línea, UGT de Andalucía, que ya utilizó la reforma laboral en los primeros días de su entrada en vigor, negocia reducciones salariales de hasta el 60 por ciento en Sevilla y rescindiendo contratos temporales y fijos discontinuos con 20 días por año de indemnización y un máximo de 12 meses.
También CCOO de Castilla y León ha puesto sobre la mesa un ERE que plantea la extinción del contrato de 28 de sus 150 trabajadores y propone al resto medidas de ajuste de jornada, congelación salarial, exigencias de movilidad y bajas incentivadas, ante la situación de insolvencia "a corto plazo ", informa Rafael Daniel.
El ERE entraría en vigor a final de año y estaría vigente en 2013 y 2014. Entre las propuestas del sindicato se encuentra no aplicar la cláusula de revisión salarial del actual convenio colectivo, una congelación que continuaría en 2013 y comenzaría a revisarse los años siguientes en la negociación del próximo convenio colectivo.
La reducción de plantilla afectaría a un 30 por ciento de los trabajadores, primero por la vía de bajas voluntarias, con indemnización de 25 días por año de servicio.
A nivel estatal, el proyecto de presupuestos del Estado para 2013 aplica un nuevo recorte del 20 por ciento en las subvenciones que reciben los sindicatos y las organizaciones empresariales, adicional al 20 por ciento que ya se les redujo para el año en curso, en que se les concedió un total de 24 millones de euros, 12 millones a repartir entre CCOO y UGT y otros 12 millones para CEOE y Cepyme.
Portavoces sindicales descartan, en principio, que estos expedientes de regulación de empleo vayan a llegar a las confederaciones nacionales o a las sectoriales.
