España: no hay dinero

LA GACETA
22 ABR 2012 | EDITORIAL 

No ganamos para sustos. Cada día los españoles desayunamos con el anuncio de un nuevo recorte, porque, como dijo desde Colombia el presidente del Gobierno, “no hay dinero”. Esa es la cruda realidad. España no puede sufragar el Estado del Bienestar porque ha vivido muy por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo. Eso se ha traducido en una deuda pública de 700.000 millones que nos pasa una factura anual en intereses de 30.000 millones de euros, cifra superior al ajuste presupuestario de este año. El despilfarro de los siete largos años de zapaterismo y, en general, de la clase gobernante, nos ha llevado a esta situación, en la que Artur Mas se ve obligado a pedir al Estado dinero adelantado para poder pagar la nómina de sus funcionarios, y el Gobierno, a pedir a los jubilados que paguen un 10% de los medicamentos para poder seguir prestando los servicios sanitarios.

Ahora, todos los españoles nos vemos compelidos a hacer nuevos sacrificios porque, lo que es virtud en cualquier economía familiar –es decir, gastar menos de lo que se ingresa y hacer más con menos– parece ser el peor de los pecados en cualquiera de los niveles de las Administraciones Públicas. La idea de que todo servicio público, sea el que sea, mejora cuanto más dinero pones en él, ha calado muy hondo en la clase política, que ha logrado, a base de prebendas y subvenciones, convencer a muchos de los beneficios del gasto público, aunque no se disponga de dinero. Porque si hay un dato que demuestra la catadura de nuestros gobernantes, ese es el crecimiento del volumen de la deuda pública desde que comenzó la crisis.

En los últimos cuatro años, y al tiempo que se exigía austeridad a los ciudadanos, los políticos nos han endeudado a todos los españoles en 325.000 millones de euros más de lo que ya lo estábamos, hasta situar la deuda pública global en 700.000 millones, cantidad que la actual y las dos siguientes generaciones tendremos que devolver a través de más impuestos. En esta infamia presupuestaria, la palma se la llevan las comunidades autónomas, cuyos gobernantes han sido capaces de disparar el total de la deuda hasta los 135.000 millones de euros, nada menos que un incremento del 225% en este mismo periodo. LA GACETA ya ha propuesto editorialmente que el Estado de las Autonomías merece un revisión, por razones estrictamente económicas, incluyendo la posibilidad de reconfigurar el mapa y fusionar autonomías uniprovinciales. Y en tribunas de la Sala Vip se ha planteado ya sustituir el Estado de las Autonomías por el de los ayuntamientos. Pero tal vez no haga falta llegar tan lejos. Sólo suprimiendo los parlamentos autonómicos –como propone Esperanza Aguirre– España se ahorraría 564 millones de euros, lo que, sumado a las televisiones autonómicas, llegaría a los 1.800 millones de euros. En este sentido, queda aún mucha tijera que meter en una Administración elefantiásica, lastrada por las duplicidades o por gastos perfectamente prescindibles de altos cargos, asesores, conductores o jefes de protocolo cuyo coste total ronda los 48.000 millones de euros.

España está en una situación límite, pero, gracias a Dios, la pesadilla del zapaterismo ha tocado a su fin y, ahora, al frente del Gobierno hay políticos capaces de tomar decisiones difíciles. Acostumbrados a que se nos digan cosas como “el dinero público no es de nadie” o “yo soy presidente autonómico, no un contable”, es de agradecer que haya quien tome las medidas, dolorosas pero necesarias, para que España no se convierta en una segunda Grecia. Lo peor está probablemente por llegar. España necesita replantearse la estructura actual del Estado del Bienestar y del Estado de las Autonomías, que son el auténtico lastre. Todo lo que no sea abordar estas dos reformas supondrá retrasar la solución al problema.