El Tribunal Constitucional vuelve a convalidar una marca política de ETA invadiendo la jurisdicción del Tribunal Supremo y soslayando la Ley de Partidos

Sede del TC en la avenida Juan XXIII de Madri

El pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer por 6 votos –los de los magistrados designados por el PSOE- a 5 anular la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo de 2010 prohibió la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, lo que supone “de facto” la legalización de otra de las marcas de ETA en sustitución de Batasuna, con lo cual ya dispone de cuatro sólo para las próximas elecciones vascas: Sortu, EH Bildu, Amaiur y Bildu.

El Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por considerarla formación sucesora de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto. Muchos de los argumentos de este voto particular son los que han sido acogidos por el tribunal de garantías, que ha dado los apoyos necesarios a la segunda versión de la ponencia que correspondió a la magistrada de tendencia progresista Elisa Pérez Vera, según fuentes jurídicas.

Para la mayoría del Supremo, la nueva formación pretendía suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando una estrategia fraudulenta que fue diseñada por ETA en 2009. Por el contrario, los discrepantes redactaron un voto particular conjunto en el que mostraron su profunda discrepancia con la mayoría y señalaron que Sortu había rechazado la violencia en los estatutos que presentó al registro.

El fallo ha tenido también en cuenta los argumentos aportados en su día por el TC que permitieron a la coalición Bildu concurrir a las elecciones municipales de 2009, igualmente por seis votos a cinco. En este caso, el Constitucional consideró que el Supremo vulneró el derecho a la participación política de la coalición integrada por EA, Alternatiba e “independientes” de Batasuna consagrado en el artículo 23 de la Constitución.

El gobierno vasco celebra el fallo

La portavoz del gobierno vasco socialista y consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendía, manifestó por su parte que la decisión del Constitucional “legaliza y ratifica una realidad que ya existía” -a fuerza de violentar la Ley de Partidos- con la presencia de Bildu y Amaiur en las instituciones.

Así, la portavoz del gabinete de Patxi López explicó que “era una sentencia muy esperada” y ponderó que “ha hablado el más alto tribunal que hay en España, que es el garante de todos los derechos de los ciudadanos que se recogen en la Constitución”.

Mendía aclaró que “de la sentencia sólo conocemos el fallo y no los pormenores de la misma”, pero a su juicio “lo cierto es que esta sentencia lo que viene a ratificar es algo que, en la realidad en Euskadi ya se estaba produciendo, que es que el mundo de la izquierda abertzale estaba haciendo política en las instituciones a través de Bildu y Amaiur” precisamente por la inaplicación de la Ley de Partidos que el ex presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó en suspenso indefinido durante la primera legislatura, con la connivencia del fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido y la aquiescencia del PP a lo largo de la segunda legislatura de Zapatero en el poder.

El PNV sostiene que la sentencia contribuye a “normalizar” la participación política proetarra

En la misma línea, el portavoz del PNV en el Congreso Josu Erkoreka destacó que el fallo del TC contribuye a “normalizar jurídicamente lo que era normal política e institucionalmente”, y sólo deploró que la sentencia “se ha hecho esperar demasiado” después de que el mismo tribunal sentara las bases jurídicas hace más de un año en la sentencia sobre Bildu. “Nada justificaba un retraso tan prolongado de una sentencia que ha de inspirarse en las mismas razones”, alegó Erkoreka.

“A nadie se le oculta que la izquierda abertzale participa plenamente de la actividad política en el País Vasco, donde está presente en muchas instituciones y en decenas de ayuntamientos. Tiene, por tanto, una presencia institucional notable y relevante activa en la política vasca, pero también en la española”, abundó Erkoreka.

Así las cosas, el portavoz del PNV en el Congreso, que no ha querido pronunciarse sobre si esta sentencia beneficiará electoralmente a unos u otros, cree que “no tenía sentido” que la organización criminal ETA careciera de una sigla que le permitiera actuar “con plenitud” en los procesos electorales, y defendió además que su partido “siempre” ha estado a favor de una expresión “estrictamente política” de los terroristas porque, según mantuvo, sólo así se favorece que “la pluralidad política vasca pueda expresarse” y se contribuye a facilitar una convivencia “normalizada” en la CAV.

Oyarzábal dice que el PP no comparte la sentencia

El secretario general del PP vasco y secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, manifestó por su parte que el PP “acata” la decisión del Constitucional, por la que dijo sentir “respeto”. Sin embargo, hablando en nombre de su partido expresó que “no la compartimos, porque políticamente creemos que lo que hace falta es que ETA se disuelva, entregue las armas, reconozca el daño causado. Mientras no haya todo esto, una legalización de estas características no contribuye a avanzar en esta dirección”, sostuvo, aunque sin explicar por qué ni cómo se da claramente la inaplicación de la Ley de Partidos por esta decisión estrictamente política.

A este respecto, el dirigente popular declaró que ahora esperarán a conocer los pormenores de la sentencia, “la letra pequeña”, para poder hacer una valoración “más extensa”, e informó de que hasta el viernes el PP no realizará una valoración global, pero ya ha rechazado que se vaya a valorar la posibilidad de presentar un recurso. En rigor, de hacerlo y elevar el caso a los tribunales europeos el PP podría obtener una enmienda del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a la propia sentencia del Constitucional, ya que en su día ya convalidó la aplicación de la Ley de Partidos a Batasuna y sus derivados.

Por el contrario, Oyarzábal pretendió hacer ver que el Gobierno defiende el Estado de Derecho frente a los terroristas y que la Ley de Partidos “sigue teniendo sentido” y es “uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra el terrorismo”, ya que “significó un antes y un después en la presión y exigencia democrática a quienes tenían que garantizar el respeto a nuestro marco de convivencia”. Según aseguró, poniéndose la venda antes de la herida, “es una ley que sigue vigente”. Pero no se aplica desde 2004.

UPyD considera que la legalización de los proetarras es un “insulto” a los ciudadanos

El portavoz vasco de UPyD Gorka Maneiro no dudó por su parte en calificar de “grave error, un despropósito y un insulto a los ciudadanos” la sentencia del TC, ya que Sortu, como cualquiera de los representantes de Bildu y Amaiur, “no ha condenado a ETA, no ha exigido a la banda que se disuelva ni desaparezca, no ha reconocido el daño causado y no ha pedido perdón”.

Maneiro añadió a ello que, “al fin y al cabo, es una formación que no ha cambiado de actitud y no ha cambiado un ápice en todo este tiempo, por lo que su legalización nos parece un grave error y un insulto a los ciudadanos”, ya que “mientras se legaliza Sortu, ETA sigue sin disolverse, sigue sin desaparecer y, por lo tanto, es un despropósito y una muy mala noticia para la democracia y las instituciones democráticas”.

“Ya fue un error en su día legalizar a Bildu y éste es un error mayor, porque es evidente qué representa Sortu y lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos”, aseveró Maneiro, en referencia a que son el brazo político de la organización criminal del separatismo vasco.
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