El Gobierno español rechaza negociar el desarme de ETA y exige su disolución

El ministro del Interior no reconoce a los verificadores, que hicieron público el mensaje de la banda

HUMBERTO U. KAREAGA - Domingo, 6 de Mayo de 2012

El ministro del Interior, ayer en el Congreso del PP de Catalunya. (EFE)

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ Ministro del Interior JOSÉ ANTONIO PASTOR Portavoz parlamentario del PSE MARIBI UGARTEBURU Portavoz de la izquierda abertzale

BILBAO. ETA ya tiene la respuesta del Gobierno español a su oferta de negociar su desarme a cambio de la desmilitarización de Euskadi, osea, la retirada de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad española. Se la dio el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que rechazó cualquier negociación y exigió la disolución incondicional de la banda armada. Fue muy tajante a la hora de cortar cualquier expectativa de diálogo al precisar que "el Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA".

De paso, envió un mensaje a la Comisión Internacional de Verificación (CIV), a la que ETA transmitió su intención de establecer un diálogo con el Ejecutivo de Rajoy. El ministro afirmó que no reconoce "ninguna legitimidad" al grupo de verificadores del alto el fuego de la banda, que el pasado jueves y viernes volvió a reunirse con los líderes de los principales partidos políticos vascos, salvo el PP, sindicatos, patronal e Iglesia vascas, así como con el consejero de Interior del Gobierno de Gasteiz, Rodolfo Ares.

El ministro negó el estatus oficial de verificadores del grupo liderado por Ram Manikkalingam que ayer dijo que la banda armada les ha transmitido que está "preparada para dialogar". En declaraciones a los medios a su llegada al congreso del PP catalán en Barcelona, Fernández Díaz admitió que "han intentado contactar con nosotros pero nosotros no reconocemos ninguna legitimidad a esos verificadores. Con la Guardia Civil y la Policía tenemos suficientes verificadores para comprobar si ETA se disuelve o no".

A juicio del ministro español, ETA "tiene que dejar de engañar a sus presos, debe decirles la verdad, que es lo que yo acabo de decir", para a renglón seguido dejar sentado que la política del Gobierno en este asunto es la del cumplimiento de la ley, del Código Penal, del reglamento penitenciario y la de la reinserción individual en el marco de la ley. "Si los presos se desvinculan de ETA y en el marco de la ley, y solo en este marco, podrán acceder a los beneficios penitenciarios que la ley otorga a los presos", enfatizó.

Las palabras de Fernández Díaz ponen de manifiesto la dificultad de ETA de abrir un canal de contacto con el Gobierno español y poder cumplir así el punto segundo de la Declaración de Aiete firmada en octubre del año pasado y que, a la sazón, sirvió como pista de aterrizaje para que la banda anunciara el abandono de su actividad violenta. El hecho mismo de que haya tenido que recurrir a la Comisión Internacional de Verificación para hacer pública su intención a dialogar con el Gobierno español sobre "presos, desmantelamiento de sus estructuras militares, desarme y desmilitarización" de Euskadi revela a las claras la ausencia de cualquier vía de comunicación entre ETA y el Ejecutivo de Rajoy.

Comoquiera que el Gobierno español no reconoce al grupo de verificadores, tampoco recibirá el mensaje por vía interpuesta. Para ese cometido se han ofrecido PNV y PSE, según afirmó ayer el portavoz parlamentario de los socialistas de la CAV, José Antonio Pastor. Durante una rueda de prensa en Bilbao, señaló que "en lo que respecta al Partido Socialista y entiendo que también al PNV, apoyaremos al Gobierno y le daremos la cobertura suficiente para que haga lo que tiene que hacer". En este sentido, precisó que tanto él como el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se han ofrecido para "tratar de facilitar y ayudar para que estos mensajes que se han transmitido desde los verificadores y que ellos quieren hacer llegar también al Gobierno se puedan formalizar".

Sobre el ofrecimiento de ETA al Gobierno español para iniciar un diálogo, Pastor señaló que la prioridad es que la banda armada se disuelva, pero puntualizó que esa disolución "no puede tener contrapartidas, como plantea la organización". Por su parte, la portavoz de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu afirmó que el Gobierno español tiene que "cambiar de carril y dejar de dar la espalda a la mayoría social que reclama soluciones dialogadas". En este sentido, consideró que las palabras del ministro de Interior sobre la Comisión Internacional de Verificación "están fuera de lugar y de tiempo".

El presidente del PNV en Bizkaia, Andoni Ortuzar, afirmó ayer que su formación ve "una labor positiva por parte de la Comisión de Verificación y de cualquier acompañamiento internacional bienintencionado y sobre todo solvente como es el de esta comisión". El burukide jeltzale precisó, no obstante, que "los actores principales de la paz, la normalización y la convivencia tenemos que ser los vascos".