Uno de los trenes que estallaron el 11-M. Foto: El PAÍS
La Guardia Civil no ha hallado ninguna irregularidad en los restos de uno de los trenes del 11-M descubiertos en el taller de Tafesa (la empresa que se encargó de la reparación de los convoyes destruidos por las mochilas/bomba de Atocha). Se trata de la chatarra procedente del tren que explotó en la estación de Santa Eugenia. Este hallazgo, aireado por el diario Libertad Digital, dio alas a los abanderados de la llamada teoría de la conspiración y, además, propició que el actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenara a la Fiscalía de Madrid que investigase esa “notitia criminis” y dictaminase si había alguna ilegalidad en torno a ese hallazgo.
La Guardia Civil ya ha elaborado el atestado sobre esos restos y lo ha entregado a la Fiscalía de Madrid, que tiene previsto analizar su contenido y elaborar su propio informe para elevarlo a quien lo demandó, Torres-Dulce. Según fuentes cercanas al instituto armado, el informe descarta que, como sostienen los conspiranóicos, se trate de restos escondidos allí para ocultar pruebas del 11-M. Al contrario, apunta a que fue Renfe la que, tras el oportuno permiso judicial, los depositó allí por si podían tener alguna utilidad futura dado que es la propietaria de los mismos. Los agentes no entran en valoraciones y se limitan a aportar datos y fechas de cómo, cuándo y por orden de quién llegó allí esa chatarra, y lo ocurrido con ella desde entonces. Aunque de estos datos, señalan fuentes conocedoras del mismo, se desprende que no hubo ninguna irregularidad.
Tras este hallazgo, los seguidores de la teoría conspirativa del 11-M insinuaron que fue la policía o el propio juez Del Olmo (el que investigó los atentados) quienes habrían ordenado mantener esos restos allí para ocultar pruebas de los explosivos. Y pedían, una vez más, la reapertura judicial del caso de los trenes de la muerte. “Llama la atención que no se hiciera ningún estudio de los mismos o, en caso de que se hiciera, que se haya mantenido oculto”, señalaban. Los defensores de esta teoría mantenían que los que trataron de ocultar pruebas fueron los que ordenaron desguazar los vagones, a pesar de que, antes de hacerlo, se tomaron de ellos todas las pruebas para analizar el explosivo utilizado. Existe un informe que puede consultarse en la web de El PAÍS. El informe de la Guardia Civil echa por tierra estas especulaciones. Los restos estaban allí con las autorizaciones pertinentes y nada se ocultó.
El hallazgo de esta chatarra es otro de los intentos de los afectos a la teoría de la conspiración (consistente en que detrás de los atentados del 11-M no solo estuvo ETA sino que también hubo una confabulación de policías y guardias civiles para desalojar del poder al PP) con vistas a reabrir el atentado de los trenes de Atocha. Al menos ha habido media docena de intentos de reabrir este caso, pero ni el exjuez instructor del 11-M Juan del Olmo ni los magistrados de ese tribunal Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás vieron motivos para volver a abordar un tema juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo.
A ellos se unieron recientemente otros tres jueces de la Sección 17 de la Audiencia de Madrid, que acordaron cerrar las diligencias que durante dos años mantuvo abiertas la juez de la plaza de Madrid Castilla Coro Cillán al hilo de una querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el excomisario de los Tedax a cuenta de la supuesta desaparición de restos de explosivos.
El informe de la Guardia Civil instado por Torres-Dulce también da al traste con este último intento de mantener el bulo del 11-M a cuenta de una chatarra que, a juzgar por los agentes, nadie ocultó.
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